Como
siempre, el accionar de estos fondos comienza con las dificultades económicas y
financieras de los países. En el caso argentino, luego de las emisiones de
deudas anteriores al año 2001 nuestro país ingreso en default, intentando
desde entonces cumplir con sus
obligaciones,
ofreciendo dos canjes de deuda, a los que ingresaron la mayoría de los
bonistas, minoristas y mayoristas, que reconocieron el esfuerzo realizado por
Argentina para regularizar su situación y consideraron aceptables las
condiciones de los canjes ofrecidos. Entre los dos canjes, el de 2005 y el de
2010, alrededor del 92% de los tenedores de deuda aceptaron el ofrecimiento
argentino, lo que hecha por tierra el argumento de los fondos buitres de que la
“oferta” argentina era inaceptable5.
El
resto de la deuda se encuentra en manos de estos fondos, al igual que las
demandas de empresas que se vieron perjudicadas por la pesificación de deudas
argentinas y el abandono de la Convertibilidad post 2001 operando de acuerdo a
lo ya expuesto, es decir, buscando el espacio y el lugar adecuado para hacer
valer sus exigencias, siendo el departamento de Estado, el Banco Mundial, el
CIADI o la justicia norteamericana.
En este sentido, el nivel de demandas que tiene o tuvo el país
parece ser entonces directamente proporcional al abandono de las políticas de
los ’90, y estos litigios marcan el nivel de dependencia y relación que las
políticas llevadas adelante en aquella década con las políticas de libre
mercado sin intervención estatal. Al mismo tiempo, es también coincidente el
peso específico de estas demandas al alejamiento del FMI del control de las
políticas económicas en nuestro país.
Actualmente, el listado de fondos que accionan en contra de
Argentina asciende a 47. Sin embargo, se trata sólo de variaciones en la
composición accionaria entre los mismos fondos buitre, que se identifican por
alguna letra o número.6
El Banco Mundial estima que más un tercio de los países que han
cumplido los requisitos de sus respectivos programas de alivio de la deuda han
sido blanco de al menos 26 fondos buitres, que han recibido hasta ahora pagos
por un total de US$1.000 millones.
Se
trata, entonces, de un accionar perverso. Organismos financieros
internacionales que entendiendo la economía de una manera ortodoxa presionan a
los gobiernos a implementar sus políticas, recetas y métodos. Los países lo
hacen pero se endeudan, entran en crisis,
ajustan
y dejan de pagar, reestructuran y allí aparecen los fondos buitre comprando
deudas a centavos y litigando contra los mismos Estados, exigiendo cobros
totales con el apoyo del CIADI y de tribunales de países del primer mundo. Si
el país se niega son obligados a pagar con laudos arbitrales negativos en el
CIADI (amparados por legislaciones que protegían inversiones sancionadas por la
recomendación del FMI y Banco Mundial, como los Tratado Bilaterales de
Inversión) siendo excluidos del sistema financiero mundial y aislados de nuevos
prestamos, casi como parias. Argentina se inclinó por esta opción pero
¿qué
les queda a países con menor capacidad económica de recuperación?
Por
lo tanto, resulta necesario destacar que el tema es una arista mas enmarcada en
la disputa política, económica, conceptual y ahora jurídica respecto de las
políticas implementadas durante la década del ’90, con resultados nefastos para
la sociedad.
5 www.politicapress.com
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