A partir de la expropiación del
51% de las acciones de YPF, en manos de Repsol, esta empresa y el gobierno
Español, que actuó como lobista interesado, llevaron a cabo una ofensiva
diplomática en contra de la Argentina, que incluyó fuertes campañas mediáticas
nacionales e internacionales, destinadas a tratar de desprestigiar y presionar
al gobierno argentino a acceder a sus reclamos, en particular, una
indemnización por un valor ‘ficticio’ de 10 mil millones de dólares.
El gobierno español adoptó una
postura confrontativa en función del siguiente argumento: “Cualquier gesto de
hostilidad en contra de una empresa española es interpretado por el gobierno de
España como un gesto de hostilidad contra España. La decisión es hostil contra
Repsol y por lo tanto lo es contra España, y el gobierno actuará en
consecuencia”.
Como parte de su política de
presión, en mayo de 2012, el gobierno español amenazó a nuestro país con
privilegiar la compra de biodiesel proveniente de países de la Unión Europea,
lo que implicaría dejar de comprarle ese producto a la Argentina, lo cual implicaría
menos exportaciones nacionales por un valor cercano a los 900 millones de
dólares anuales. Paradójicamente, España no tuvo en cuenta que la Argentina es
el productor principal de la materia prima y abastece a los posibles
proveedores de España en Europa por lo que, si bien logró intentó conseguir el
apoyo de sus pares en esa región y trató de mostrar a una Argentina aislada,
finalmente, esa medida no se llevó adelante, y por el contrario, en junio de
2012, Argentina le exportó a España 70.000 toneladas de biodiesel, un aumento
frente a las 47.000 toneladas de mayo.
Como parte de su estrategia
ofensiva contra Argentina, el gobierno Español amenazó a los países del
Mercosur de que si Argentina no aceptaba los términos de Repsol, o al menos se
sentara a ‘negociar’, forzaría una demora en las negociaciones interregionales
entre la Unión Europea y los países del Mercosur; aunque las mismas vienen de
por sí muy atrasadas por grandes diferencias estructurales.
Sin embargo, la postura del
Gobierno argentino obtuvo el fuerte apoyo de los países del Mercosur y de parte
de la Secretaria General de la Unasur, quien insistió en que el Estado
argentino es “soberano en las decisiones internas”.
Por su lado, el comisario de
Comercio de la UE aseguró que la región “hará todo lo que esté en su poder”
para ayudar a que Repsol reciba una “compensación plena”, para lo cual el
proyecto de expropiación contempla la decisión del tribunal sobre el precio
justo que deberá abonar el Estado argentino.
Repsol también envió un comunicado
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores española diciendo que la medida
que realizó el Estado argentino era “manifiestamente ilícita y gravemente
discriminatoria, (ya) que no se ha(bría) justificado de forma alguna la
utilidad pública que se persigue con la misma y que supon(dría) un patente
incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la
privatización de YPF, violando así los más fundamentales principios de
seguridad jurídica y de confianza de la comunidad inversora”. De este modo,
Repsol afirmaba que llevaría a cabo “todas las medidas legales que procedan
para preservar el valor de todos sus activos y los intereses de todos sus
accionistas”.
En mayo de 2012, la petrolera
española le envió una carta al Gobierno Nacional, en la que declaró la
existencia de una controversia entre la compañía y el Estado argentino. A
partir de ese momento se abrió un plazo de negociación para que ambas partes
intentaran llegar a un acuerdo antes de que Repsol presentara la demanda de arbitraje,
plazo que, según la petrolera, vence el próximo 10 de noviembre.
Y, teniendo
en cuenta la estrategia seguida por las partes la posibilidad de que se alcance
un acuerdo parece nula, todo parece indicar que Repsol presentaría en noviembre
próximo una demanda contra la Argentina en el Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi), reclamando
una compensación por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF.
Es
interesante tener en cuenta que el argumento aludido sobre una supuesta
‘discriminación’ aparece como el principal planteo que podría utilizar Repsol
en una controversia en ese ámbito.
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