La combinación de las regulaciones cambiarias y
comerciales actuó eficazmente como instrumento disuasivo de la competencia
desleal en los sectores que padecen altos niveles de informalidad en la
comercialización. Hasta la aplicación de la nueva normativa, los comerciantes
ilegales eludían controles mediante la subfacturación de montos y/o volúmenes y
la utilización de posiciones arancelarias no monitoreadas por los instrumentos
de política comercial vigentes. Estos operadores quedaron, en general, fuera
del mercado del dólar oficial de importación por no poder justificar ante la
Secretaría de Comercio Interior sus necesidades de compras al exterior.
Los
que insisten con procedimientos ilegales deben soportar grandes aumentos de
costos por tres motivos principales: pagan tanto el dólar ilegal como aranceles
financieros las transferencias al exterior (se abona alrededor del 6% de
recargo por este concepto), la agregación de etapas de control encareció el
contrabando y las demoras administrativas de los nuevos procedimientos implican
mayores gastos de almacenamiento de mercadería en el puerto. Las regulaciones
implicaron que sólo sea rentable importar ilegalmente productos de alto valor
agregado que justifiquen los mayores gastos operativos. En consecuencia, los
entramados con alta integración productiva nacional, orientados a abastecer al
mercado interno, como la cadena de valor textil, la marroquinería y la
industria de alimentos y sus proveedores locales reactivaron su producción
sustituyendo importaciones. Las medidas también mejoran la competitividad de
las empresas formales. Pueden acceder a los insumos y bienes de capital y
repuestos externos que requiere su producción al valor del tipo de cambio
oficial, con lo cual se ha configurado un escenario muy interesante para el
desarrollo de la actividad productiva. El precio de la incorporación de
tecnología externa, en relación al costo laboral, es el más bajo de los últimos
30 en la mayoría de los sectores productivos y se ha logrado sostener un
mercado interno fortalecido que alcanza el mayor tamaño de su historia con un
sistema de administración comercial que preserva el desarrollo industrial
local.
No
obstante, como en todo proceso de transformación estructural y, en el marco de
la reconstitución de capacidades estatales, han emergido problemas puntuales de
falta de insumos o de bienes de capital y repuestos que, por problemas de
escala o porque su desarrollo necesita cierto tiempo para la maduración de las
inversiones y políticas al respecto, dificultan el desarrollo productivo.
Hacia delante, a medida que los stocks de niveles de
importación record de 2011 se vayan agotando y se efectivicen las mejoras
salariales acordadas en paritarias se espera un mayor dinamismo de la economía.
También será importante el nivel de desdolarización de las operaciones
inmobiliarias y que comience a tener efecto el plan nacional Pro.Cre.Ar para
que el mercado de la construcción responda más a las necesidades de acceso a la
vivienda de sectores asalariados y menos como actividad rentística. Finalmente,
además de la evolución de la economía global y la de Brasil en particular, será
esencial en el funcionamiento de la economía local la acción de políticas
industriales específicas a cada rama productiva. Ellas deben implicar una
distribución de rentas que logre traccionar inversiones en función de los
requisitos de un desarrollo productivo con inclusión social.
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