La respuesta del Gobierno

Frente al escenario descrito, el Gobierno Nacional, en lugar de ceder a la presión del mercado satisfaciendo su demanda de dólares a través de una mayor pérdida de reservas y/o de una devaluación, implementó un nuevo sistema de administración del cambio de divisas.
La pérdida de reservas hubiera implicado una menor capacidad estatal de administración de los mercados y, por lo tanto, dejar, como en el pasado, que los grandes grupos económicos interfieran en el rumbo de la economía en función de sus intereses particulares. Y, en el caso de la devaluación de la moneda nacional, el resultado hubiese sido una contracción de la demanda interna y una transferencia de riquezas desde el sector de los trabajadores y de los de menor capacidad de negociación (jubilados, pensionados y gran parte de las pymes) hacia los sectores exportadores, especulativos y de mayor poder de mercado con la consecuente inestabilidad que ese tipo de proceso genera. La contracción del poder de compra de los trabajadores hubiera liberado un saldo mayor de exportación y, al mismo tiempo, reducido la demanda de importaciones, con lo cual el país podría haber dispuesto de un caudal mayor de divisas para satisfacer, en alguna medida, la demanda especulativa de dólares.
Otra alternativa podría haber sido generar un mix entre ambas opciones, aunque, en cualquier caso, el resultado final hubiese sido una concentración del ingreso, un proceso de inestabilidad y una pérdida de soberanía en materia de política económica.
A la corrida en el mercado cambiario, en el frente externo, se le agregó el creciente debilitamiento de la demanda global por la crisis internacional, las mayores exigencias del pago de la deuda en 2012 y la revalorización del dólar a nivel mundial. La necesidad de regular las divisas de la economía se intensificó, entre diciembre de 2011 y enero de 2012, por el efecto de la sequía en la producción agrícola y la caída de los precios internacionales de los granos y las oleaginosas.
Frente a ese escenario, si no se implementaba el señalado esquema de administración cambiaria, el aumento de la cotización del dólar podría haberse descontrolado2 o bien el Banco Central tendría que haber cedido gran parte de sus reservas.
El eventual deterioro del valor de la moneda nacional hubiese provocado que suban aceleradamente los precios de los productos de exportación que se comercializan en el mercado interno y los de los productos importados. Además, los grupos económicos que no comercializan en el exterior pero que tienen una alta cuota de poder de mercado, tanto por el efecto de la concentración o porque operan en segmentos de mercado de alta demanda, también hubiesen tratado de aumentar sus precios para no perder participación en la renta nacional. En suma, en ese contexto, todo aquel con la capacidad de subir precios rápidamente hubiese ganado participación de mercado en perjuicio de todos los que no tienen esa posibilidad, más allá de los nocivos efectos de la propia inestabilidad de esa dinámica. Este proceso es continuo y, en la medida en que los sectores rezagados tratan de recuperar su poder adquisitivo o cuota de mercado, pueden desencadenar una espiral inflacionaria muy difícil de controlar.
Para la administración nacional, hubiera sido mucho más fácil y “amigable con el mercado” tomar deuda como lo hicieron sistemáticamente los gobiernos que se impusieron en el poder por la fuerza a mediados de los años setenta o los que surgieron después del pánico económico de fines de los ochenta.
Desafortunadamente, esa opción también tiene consecuencias negativas muy severas. Por un lado, el costo económico que hubiera implicado el pago de intereses de esa deuda (Argentina no hubiera podido acceder a tasas de interés de pago razonable en función de su crecimiento esperado). Por otro lado, la incursión a los mercados de capitales internacionales seguramente hubiera dado espacio a los conocidos condicionamientos de política económica ejercidos a través de las organizaciones internacionales de crédito, como el FMI. Cuando las economías están presas de sus necesidades de financiamiento, tarde o temprano, como ha sucedido frecuentemente en nuestro país, las interferencias del FMI respecto al ordenamiento de la política económica son más fuertes. En general, sus intereses no están alineados a las necesidades del desarrollo local o, por lo menos, sus “recomendaciones” mientras influyeron no han sido acertadas, de acuerdo a los resultados observados en términos de desintegración productiva y social en nuestro país entre 1976 y 2001.
2 El hecho que corridas cambiarias se hayan transformado en una patología de la economía nacional, sumado al pico histórico de actividad registrado en 2011 y a las constantes mejoras del poder adquisitivo de la población desde 2003 provocaba que el riesgo de desestabilización por una excesiva compra de dólares fuese demasiado alto. Por otra parte, el notable desarrollo de las telecomunicaciones de la última década que permite agilizar operaciones y un contexto como el actual, donde el poder de los medios de comunicación está siendo disputado abiertamente por el gobierno nacional, hacía más riesgosa la situación.