por Lic.
Gabriel Wolf y Lic. Gustavo Smith
El
reciente anuncio del Gobierno Nacional de que enviará al Congreso de la Nación
un proyecto de ley de reforma del mercado de capitales tiene como objetivo
corregir los problemas vigentes de ese ámbito financiero, y al eliminar la
auto-regulación, que incluso es criticada por organismos internacionales, se
pretende dar un fuerte impulso el desarrollo del mercado local.
De este modo, el hecho de
alinearse con los requerimientos que, en materia de regulación, exigen los
organismos internacionales se podrá lograr el desarrollo de un mercado de
capitales amplio y moderno en pos de transformarlo en un canal fundamental para
el desarrollo económico y el crecimiento del país.
Por supuesto
que quienes ven en este proyecto el fin de un negocio para pocos han logrado
propalar en los medios hegemónicos de comunicación un mensaje confuso,
intentando descalificar los objetivos reales que persigue este proyecto.
Contexto Internacional
Las crisis internacional que
sigue envolviendo al mundo entero, en particular, a aquellos países de la zona
euro, ha puesto en evidencia los serios perjuicios de contar con regulaciones
ineficientes o insuficientes sobre los mercados de capital, al haber generado
efectos nocivos a los sistemas financieros y a las economía nacionales.
Las políticas de liberalización
financiera y comercial que han adoptado los gobiernos de gran parte de países
del mundo durante los años ’90, producto de las promesas que traía aquel paradigma
neoliberal del libre mercado, dejó a muchos países en niveles de vulnerabilidad
muy profundos y a los mercados financieros en una volatilidad descontrolada. Lo
que hoy sucede en Europa es una clara muestra de ello.
La implementación de aquellas
políticas ha producido grandes cambios estructurales en los mercados
financieros: la limitación de facultades de los organismos reguladores, la
libre actuación de las Entidades Autorreguladas -que con el tiempo se
demostraron ineficientes- la creación de productos financieros demasiado
sofisticados -que no eran comprendidos ni siquiera por quienes los transaban- y
una fenomenal dependencia de los países y de los mercados de las Agencias
Calificadoras de Riesgo.
En particular, la estrategia de
limitar las facultades de los organismos reguladores, delegando las mismas en
los propios mercados -bajo el modelo de la autorregulación- ha demostrado ser
ineficaz atento el conflicto de interés que se plantea en estas Entidades entre
su rol de vigilancia y el hecho que sus miembros fueran los actores de los
negocios que allí se propiciaban.
Asimismo, en
el caso de las Calificadoras de Riesgo, ha quedado claro que no han sabido
cumplir con el rol para el cual fueron creadas, puesto que no pudieron o no
quisieron advertir los riesgos de los productos que se ofrecían a los
inversores. En este rubro, se fue generando un oligopolio donde sólo tres
entidades ligadas a grupos financieros eran las que brindaban sus informes en
forma periódica y con dudosa independencia de criterios.
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