Liberales por ley

Otra de las grandes consecuencias que dificultan el proceso de crecimiento de la economía nacional y que requieren inteligentes medidas de administración cambiaria fue haber limitado la política arancelaria a las importaciones. Es decir, se fijó por ley, en un acuerdo internacional en el marco de la creación del MERCOSUR (1991), un arancel máximo de importación del 35% que la Argentina puede cobrar para proteger el desarrollo de su industria nacional y recaudar impuestos. Bajo el esquema neoliberal, se logró bajar el arancel promedio de nuestro país del 93,7% vigente en 1976 al 52,7% a fines de ese año y luego ir reduciéndolo hasta el 15% en 1984 y, tras la conformación del MERCOSUR, se achicó en los años noventa hasta un nivel promedio de sólo el 11%.

En un mundo incierto, muchos países y grandes empresas liquidan stocks y compiten de manera predatoria. Y en ese contexto, no hay país desarrollado o en vías de serlo que no defienda su mercado interno en virtud de sus intereses. India negociaba hace poco en la ronda de Doha de la OMC (Organización Mundial del Comercio) el poder consolidar aranceles máximos al 80 por ciento, sobre todo para muchos productos agrícolas. Estados Unidos y Europa se reparten cupos, subsidios, restricciones para productos agrícolas o alimentos con valor agregado, y aplican barreras sanitarias, ambientales y hasta de uso eficiente de la energía. (Coatz y García, 2012)

En efecto, un país que no se protege no sólo es ingenuo y dependiente, sino que repudia su desarrollo social y productivo. Sólo las economías más débiles y atrasadas industrialmente carecen de instrumentos estatales de acción para el progreso de sus economías.

En el concierto internacional de intervenciones públicas en defensa y promoción de los mercados y de los puestos de trabajo, pueden distinguirse tres estrategias de inserción: una agresiva, una defensiva y otra pasiva. En un extremo, con una actitud ofensiva en términos de participación pública en el desarrollo económico, se ubican los países de mayor progreso tecnológico aplicado a la industria como Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y Corea. Este grupo ha liderado el establecimiento de las normas que rigen el comercio mundial, liberalizándolo en las áreas donde son más competitivos (industria) y restringiéndolo donde no lo son (agricultura). No obstante, en todas las actividades mantienen una alta intervención estatal a través de políticas fiscales de alto costo, que se acrecientan en las crisis como la más reciente. Estos países destinaron, en respuesta a la crisis financiera que estalló en 2008, 5,2 billones de dólares a estimular sus economías (casi cuatro veces la exportación de China de 2008).

En el otro polo, con una estrategia pasiva de intervención se halla el grupo de países menos desarrollados (principalmente en África y Centroamérica y, en menor medida, en Asia). Sus gobiernos poseen muy bajos recursos y capacidad política para cambiar su patrón de especialización productiva, basado en la explotación de sus recursos naturales y en el turismo. Otro condicionante de la acción pública es la escasa participación de burguesías nacionales dirigiendo sus actividades más rentables. En estos casos, inclusive cuando cuentan con enormes riquezas naturales, como las naciones de medio oriente, predomina una distribución del ingreso muy desigual.

Entre ambos extremos, existe un grupo de países de ingresos medios, cuyos gobiernos emplean una estrategia defensiva de preservación de sus mercados internos (entre los más emblemáticos, aparecen los países de Europa del Este, Sudáfrica y Argentina). En las actividades más lucrativas conviven capitales internos y externos, aunque se observa cierta tendencia a la desnacionalización, que reduce la posibilidad de administración autónoma. El incentivo fiscal para el desarrollo productivo es débil, debido a la escasez de recursos y de  margen político para realizar cambios estructurales. Por ello, la acción estatal debe concentrarse en su política comercial, limitada por las normas de la OMC. En efecto, sólo pueden actuar con políticas restrictivas en frontera a través de los instrumentos permitidos por la OMC. No por casualidad, sus normas dejan actuar a los gobiernos con todo tipo de prácticas comerciales restrictivas y de subsidios en los mercados agrícolas y restringen casi al extremo la posibilidad de regular los mercados industriales, donde las grandes potencias son más competitivas y, por lo tanto, librecambistas. No obstante, paradójicamente, los países desarrollados lograron ese status aprovechando la ausencia de regulaciones en materia de comercio de bienes industriales vigente hasta la creación en 1947 del GATT (ex OMC) y que progresivamente se fueron extendiendo e intensificando.

En este escenario, sólo las grandes potencias están en condiciones de ejercer una política agresiva y, en consecuencia, la movilidad ascendente entre los grupos de países es cada vez menor.

En suma, quienes critican la aplicación de políticas de administración comercial, en lugar de aspirar a que nuestro país esté en condiciones de generar en el futuro políticas agresivas de fomento a su industria, parecen estar más interesados en que opte por la estrategia pasiva, desintegrando su infraestructura productiva, abandonando una plataforma óptima para equilibrar la distribución del ingreso y siendo sólo funcional a la consolidación productiva de los países desarrollados.